La primera de las reformas estructurales del gobierno del presidente Gabriel Boric busca avanzar en equidad y justicia tributaria para todos los contribuyentes y, asimismo, financiar iniciativas que amplían los derechos sociales y fomentan el desarrollo productivo y regional.
Ante la necesidad de una aumentar la cobertura de necesidades básicas de la población en áreas como pensiones, salud y educación, el gobierno asumió el compromiso de aumentar la recaudación fiscal elevando la carga tributaria. El Ejecutivo busca financiar las reformas estructurales comprometidas en su programa, pero siempre manteniendo la responsabilidad fiscal.
Esta reforma busca avanzar en equidad y justicia tributaria para todos los contribuyentes y, asimismo, financiar otras reformas estructurales que amplían los derechos sociales, así como fomentar el desarrollo productivo y regional.
La reforma establece un sistema dual que separa la tributación de la empresa de la tributación de sus socias y socios. Este cambio implica una importante simplificación del sistema tributario y la reducción de las horas de cumplimiento tributario del contribuyente, pues se reducirán los registros y los formularios que deberá presentar en la declaración anual de impuestos.
En términos de tasas corporativas, el impuesto de primera categoría (IDPC) se reduce del 27% actual a 25%.
Se crea un impuesto o Tasa de Desarrollo de 2%, que la empresa podrá descontar si acredita que ha destinado parte de sus inversiones a financiar proyectos relacionados a innovación y desarrollo (I+D), adquisición de manufactura y servicios de alta tecnología a proveedores locales, adquisición de bienes y servicios desarrollados con apoyo público, entre otras actividades que impliquen inversión en productividad.
Se introducirán indicaciones al actual proyecto de royalty que está en el Congreso, estableciendo un nuevo régimen para la gran minería del cobre, esto es, aquellas compañías con una producción mayor a 50.000 toneladas métricas de cobre fino.
Este impuesto tendrá dos componentes: el primero es un componente ad Valorem que oscilará entre tasas efectivas entre 1% y 2% para los productores entre 50.000 y 200.000 toneladas métricas de cobre fino (TMCF), y entre 1% 4% para aquellos con más de 200.000 TMCF; y un componente sobre la renta minera, con tasas de entre 2% y 32% sobre la rentabilidad operacional, para precios del cobre entre dos y cinco dólares la libra. En ambos casos se establecen tasas que consideran el precio del cobre.
El diseño del royalty mantiene los incentivos a la inversión que permitirán seguir desarrollando el sector minero, considerando tasas de retorno sobre patrimonio (ROE) que se encuentran, en todo momento, por sobre los límites que las compañías consideran a la hora de tomar sus decisiones de inversión.
De aprobarse estas medidas, se estima que en 2023 la recaudación llegará a un 0,6% del PIB para ir aumentando progresivamente a 1,8% en 2024, a 3,1% en 2025 hasta llegar a un 4,1% en régimen.
Estos mayores recursos, sumados a los obtenidos de una mayor eficiencia en el gasto, se destinarán a derechos sociales tales como el aumento de la pensión garantizada universal a $250.000; el financiamiento de la reforma a la salud, para aumentar el acceso a la atención y reducir las listas de espera; resolver la deuda histórica de profesores y profesoras; invertir en infraestructura educativa; aportar al Plan de Emergencia Habitacional, que tiene como meta 260.000 nuevas viviendas; y fortalecer el sistema nacional de cuidados, entre otros.
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