El país lleva 10 años con una legislación que fomenta la investigación y desarrollo al interior de las empresas, facilitando así su crecimiento y nuevos proyectos. En el Índice Global de Innovación, Chile ocupa el primer lugar de Latinoamérica.
En Chile, la innovación es ley. Desde hace 10 años, nuestro país cuenta con una herramienta efectiva de fomento: un crédito tributario cuyo objetivo es mejorar la capacidad competitiva de las empresas, sean nacionales o extranjeras, rebajando hasta en un 50% el costo de inversión en actividades de Investigación y Desarrollo (I+D).
Desde su entrada en vigencia, esta ley ha permitido la concreción de más de 900 proyectos, con un beneficio fiscal en la forma de crédito tributario de más de USD$ 350 millones.
Una ley activa y versátil
Este incentivo busca apoyar la innovación en el desarrollo de procesos o productos que manejen cierto grado de incertidumbre, que requieran de la generación de nuevos conocimientos o la superación de brechas tecnológicas existentes.
La Ley de I+D es una herramienta flexible, abierta a todo tipo de empresas y fácilmente accesible a través de un formulario en línea. No se requiere concursar, ni existe número máximo de proyectos o empresas que puedan acogerse al beneficio: basta con que el proyecto presentado cumpla con las características definidas en las bases de la ley. Es por ello que este mecanismo promueve la integración permanente de la I+D dentro de las prácticas habituales de las empresas.
Incluso, si la empresa no cuenta con capacidades internas ni con un área de I+D, o bien, si estas actividades no forman parte de su core business, la ley permite la realización de actividades extramuros. Es decir, a través de la contratación de un tercero para que ejecute el proyecto. De hecho, la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), institución encargada de certificar los proyectos de I+D, cuenta con un Registro de Centros de I+D, validados y especializados en la externalización de estas operaciones, haciendo disponible al inversionista oferta en materia de desarrollo de I+D existente en el país.
Al ser una legislación versátil, la Ley ha logrado fomentado la I+D en las empresas desarrollando una cultura interna de innovación permanente. Es por ello que muchas actualmente postulan portafolios completos de proyectos, contribuyendo en más y mejor capacitación del personal, perfeccionamiento de las capacidades instaladas y desarrollando simultáneamente distintas líneas de trabajo en paralelo. De esta manera, las empresas usuarias de este beneficio se han convertido en verdaderos referentes tecnológicos al interior de las industrias a las que pertenecen.
Índice Mundial de Innovación (GII): Chile es líder en Latinoamérica
Global Indices (INSEAD), la Universidad de Cornell y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI, perteneciente a Naciones Unidas), dieron a conocer recientemente los resultados del Índice Mundial de Innovación (Global Innovation Index, GII), los que arrojaron que Chile lidera en materia de innovación en la región latinoamericana, seguido por Costa Rica y México.
En el caso de nuestro país, ocupa el lugar 47 a nivel mundial –de un total de 126 naciones evaluadas–. La minuta del estudio indica que Chile “es el más alto de la región, y destaca en la calidad de la regulación, inscripción en educación superior, acceso al crédito, empresas que ofrecen capacitación formal, creación de nuevas empresas y corrientes de entrada y salida de inversión extranjera directa".
Claves de la Ley e I+D
- Los proyectos beneficiados deben requerir de una inversión de al menos USD $7.000-, aproximadamente.
- Esto puede incluir contratación de personal calificado, capacitación de integrantes de la planta ya existente, adquisición de instrumentos y equipos requeridos para la ejecución de actividades de Investigación Aplicada y Desarrollo experimental.
- También es posible considerar ítems relacionados a la protección de resultados del proyecto, tales como patentes de invención, diseño y dibujos industriales, derechos de autor sobre programas computacionales y derechos de protección sobre nuevas variedades vegetales.
- Es una herramienta disponible para todas las empresas instaladas en el país, independiente de su origen, sector económico o campo de aplicación.
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