La legislación chilena cuenta con un marco normativo que regula la relación entre consumidores y proveedores.
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La relación entre consumidores y proveedores en Chile se encuentra regulada por ley para evitar la desigualdad o desequilibrio entre las partes que atenten contra la protección de los derechos del consumidor.
¿Qué es el Sernac?
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), es el organismo estatal encargado mediar en la relación entre consumidores y proveedores y fiscalizar las infracciones de éstos últimos a sus obligaciones legales.
En tanto, las asociaciones de consumidores se encargan de representar a sus afiliados o a quien lo necesite, tanto ante las autoridades administrativas como los Tribunales de Justicia.
Las compañías proveedoras de bienes de consumo y servicios tienen una serie de obligaciones que cumplir ante la ley en esta materia, entre las que destacan la no discriminación a los consumidores, cumplir con lo señalado en su publicidad y respetar el precio exhibido, entre otros.
Entre los mecanismos de protección a los consumidores están:
- Reclamos
- Fiscalización del Sernac
- Procedimientos voluntarios colectivos
- Juicios o demandas colectivas
- Mediación colectiva
¿Qué sanciones hay en Chile para las empresas que transgredan las normas de protección al consumidor?
Las empresas que transgredan las normas de protección al consumidor se exponen a recibir multas que van desde las 300 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) hasta las 2.250 UTM en el caso de que las infracciones incidan en las cualidades de producto o servicio, o que afecten la salud, la seguridad de la población o el medio ambiente.
En Chile existe una normativa específica para los prestadores de servicios financieros, que busca que el consumidor reciba información simple y trasparente que no lo induzca a errores a la hora de contratar un producto o servicio.
Si la o el consumidor financiero es inducido a error, la ley contempla un triple sistema sancionatorio, basado en acciones de nulidad, multas e indemnizaciones de perjuicios por los hechos ilícitos infraccionales del proveedor.
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