La legislación chilena cuenta con un marco normativo que regula la relación entre consumidores y proveedores.  

El país sudamericano posee una normativa para evitar las intromisiones ilegítimas en la vida privada de las personas, lo que incluye la utilización de sus datos por parte de particulares.  

Las empresas extranjeras que se instalen en Chile y necesiten un registro de marca o una patente deberán elevar una solicitud a los organismos competentes.  

En Chile, la inversión extranjera puede participar en todos los sectores económicos y su capital puede representar hasta el 100% del capital de una empresa. 

Las empresas de capital extranjero pueden participar de las licitaciones del Ministerio de Obras Públicas y ganar los contratos en el caso de presentar la mejor oferta.  

El país sudamericano cuenta con políticas públicas para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.  

El país sudamericano cuenta con una serie de organismos que velan por promover y defender la libre competencia en los mercados.  

La legislación laboral en Chile regula las prestaciones a que tienen derecho las personas y que dicen relación con sus principales necesidades de salud, trabajo y previsión.  

La relación laboral entre empleadores y trabajadores en Chile está regulada en el Código del Trabajo y sus leyes complementarias, las que establecen la forma, plazos, derechos, obligaciones, forma de término y las consecuencias que emanan de los contratos de trabajo. 

La política ambiental chilena busca compatibilizar el desarrollo de proyectos económicos y la creación de empleos, con la protección de los recursos naturales del país, su flora y fauna y la calidad de vida de su gente.