A través del Fondo de Reconstrucción Nacional, una empresa nacional o extranjera puede donar dinero o especies y recibir beneficios tributarios al ayudar a la zona destruida por los recientes incendios forestales.
A comienzos de febrero de 2024 una serie de incendios forestales afectó a la Región de Valparaíso que, además de las lamentables víctimas fatales, dejaron viviendas e infraestructura pública y privada destruida.
Según los cálculos oficiales, la reconstrucción de la zona tendrá un costo de aproximado de US$ 1.000 millones y tardará unos cinco años.
En este contexto, el Ministerio de Hacienda informó que activó el Fondo Nacional de Reconstrucción (FNDR), que estará vigente durante dos años para este evento. El decreto considera a las provincias de Marga Marga y Valparaíso y los aportes se pueden hacer desde ya.
El FNDR permite tres tipos de donaciones: en dinero, con moneda nacional o extranjera; en especies, a través de equipamiento o insumos; y, en obras ejecutadas.
En tanto, los destinos de las donaciones pueden ser dos: una donación específica a un proyecto, donde el donante puede elegir a los beneficiarios y una donación con fines generales al FNDR, donde el comité asesor del fondo elige el destino de la donación. Las donaciones se pueden realizar en el sitio web https://donaciones.hacienda.gob.cl/
El 100% de la donación llegará al destinatario final (sin costo de administración) y los aportes monetarios y/o en especies tendrán beneficios tributarios según los siguientes casos:
El FNDR fue creado luego del terremoto del 2010 como un mecanismo para incentivar el aporte privado en la reconstrucción del país ante una catástrofe.
Permite financiar proyectos vinculados a la construcción, reconstrucción, reposición, remodelación, restauración o rehabilitación de infraestructura, instalaciones, patrimonio histórico arquitectónico de zonas patrimoniales y zonas típicas, además de obras y equipamiento ubicados en las zonas afectadas por una catástrofe.
El fondo permite que el aporte se destine tanto a obras de naturaleza pública como privada, y tiene 2 años de funcionamiento desde que se dicta el decreto supremo de zona de catástrofe.