Chile cuenta con un sólido marco regulatorio para resguardar la privacidad y el tratamiento adecuado de los datos personales, un factor clave para quienes buscan invertir y operar en el país.
La protección de datos personales es un derecho fundamental en Chile, reconocido en la Constitución y regulado por la Ley 19.628.
Este marco establece obligaciones claras para organizaciones públicas y privadas, así como mecanismos de control y defensa para los ciudadanos.
Conoce los pilares legales que garantizan seguridad jurídica a inversionistas y empresas que manejan información en el país.
La protección de la vida privada en Chile se regula principalmente a través de la Ley 19.628, que establece las reglas para la recolección, almacenamiento, comunicación y uso de datos personales.
Esta normativa se complementa con la Ley 21.096, que reconoce la protección de datos como un derecho constitucional, reforzando su importancia como pilar fundamental para ciudadanos y empresas.
Chile ha actualizado de forma progresiva su legislación, incorporando modificaciones que fortalecen la transparencia en el uso de datos, evitan la discriminación laboral por información financiera y prohíben la difusión de deudas ligadas a educación o salud.
Este marco evolutivo permite a las empresas operar con criterios modernos de privacidad y responsabilidad.
La ley distingue entre distintos tipos de datos, lo que es fundamental para una correcta gestión:
Asimismo, se define qué constituye un banco o registro de datos personales: cualquier conjunto organizado que permita su tratamiento, ya sea automatizado o manual. Esta precisión es esencial para empresas que manejan grandes volúmenes de información.
Chile se rige por principios internacionales de buenas prácticas, esenciales para el cumplimiento normativo:
Estos principios favorecen un ambiente de confianza que impulsa el desarrollo de industrias como tecnología, servicios digitales, fintech y e-commerce.
El marco chileno otorga amplios derechos a las personas respecto de sus datos:
Además, la ley contempla la acción de Habeas Data, un recurso judicial que garantiza el acceso, corrección o eliminación cuando los responsables no responden en los plazos establecidos. Para las empresas, esto implica la necesidad de implementar procesos internos claros y canales formales de atención.
La ley regula estrictamente qué información financiera puede comunicarse, como deudas protestadas o incumplimientos respaldados por instrumentos válidos.
A la vez, prohíbe informar deudas relacionadas con servicios básicos, educación, salud, autopistas o morosidades surgidas durante periodos de cesantía.
Este nivel de claridad es relevante para empresas que realizan evaluaciones de riesgo, otorgamiento de crédito o manejo de información financiera, ya que asegura certidumbre y evita prácticas discriminatorias.
Los organismos del Estado cuentan con un régimen especial para el tratamiento de datos. Todos sus bancos deben inscribirse en un registro administrado por el Servicio de Registro Civil e Identificación, indicando su fundamento legal, finalidades, tipos de datos y población involucrada.
Esto fortalece la transparencia y facilita la interoperabilidad entre instituciones.
El marco de protección de datos en Chile se alinea con estándares internacionales y garantiza condiciones adecuadas para operar en sectores intensivos en información.
Para inversionistas, este entorno ofrece certidumbre, reglas claras y un compromiso estatal con la privacidad y la seguridad digital.
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