El país sudamericano posee una normativa para evitar las intromisiones ilegítimas en la vida privada de las personas, lo que incluye la utilización de sus datos por parte de particulares.
En Chile, existe una normativa para proteger a las personas naturales para evitar las intromisiones ilegítimas en su vida privada, a través de los datos entregados a registros tanto de particulares como de organismos públicos.
Esto incluye tanto los datos personales como los datos sensibles, relacionado con la vida privada, características físicas y estados de salud, entre otros.
La Ley sobre la Protección de la Vida Privada y sus modificaciones incluye tres principios:
La ley establece que existe cierta información de carácter económico que puede ser divulgada, entre la que se encuentran los pagarés o cheques protestados, las deudas contraídas con empresas que prestan servicios básicos, las deudas contraídas para financiar la educación y los protestos o morosidades originadas en el período de cesantía del deudor.
La ley chilena contempla la posibilidad de que las y los afectados acudan a tribunales a fin de resguardar sus derechos en lo relativo al tratamiento de sus datos personales.
De acogerse la reclamación, la sentencia fijará un plazo prudencial para dar cumplimiento a lo resuelto y podrá aplicar una multa de una a diez Unidades Tributarias Mensuales (UTM), o de diez a cincuenta UTM si los datos eran relativos a obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial.
El incumplimiento de lo resuelto por el Tribunal es castigado con multa de hasta cincuenta UTM y, si el responsable del banco de datos requerido fuere un organismo público, el tribunal podrá sancionar al jefe/a del Servicio con la suspensión de su cargo, por un lapso de cinco a quince días.
Excepcionalmente, si la causal invocada para denegar la solicitud del fuere la seguridad o el interés nacional, la reclamación deberá deducirse ante la Corte Suprema.
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